El 27 de marzo fue asesinado, en Urabá, otro reclamante de tierras y ese mismo día renuncio Juan Manuel Ospina a la gerencia del Incoder, ambas situaciones que tienen que ver de manera sensible con las posibilidades de aplicación de la ley de víctimas y tierras, iniciativa bandera de la administración del presidente Juan Manuel Santos quien en pocos meses arribara a la mitad de su periodo de gobierno.
Ya han comenzado a observarse los cuestionamientos respecto tanto de los alcances como de la velocidad que tiene la aplicación de la ley de víctimas y tierras, criticas encabezadas por el senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, quien enciende las alarmas cuando reconoce que la reglamentación de dicha ley eliminó el régimen legal que facilitaba la reclamación de predios hurtados violentamente por organizaciones ilegales a los propietarios de las mismas, lo que sucedió cuando la “carga de la prueba” sobre las propiedades en litigio que en el proyecto inicial no era necesaria para la reclamación, en la reglamentación se vuelve determinante, y esto aunque como manifiesta el ministro de agricultura, Juan Camilo Restrepo, es un asunto donde el Estado acompañara la búsqueda de pruebas que permitan a las víctimas efectuar la reclamación de sus legitimas propiedades.
Ahora bien, en esta escena, y aunque hay que reconocer el trabajo que hacen organizaciones sociales de diversos tipos en cuanto a la veeduría respecto de la aplicación de esta ley, lo cierto es que se comienza a sentir el vacio político que se ha presentado después del colapso del Polo Democrático, la absorción que el gobierno ha logrado mediante la mesa de unidad de otro grupo de partidos y las limitaciones que plantea la evolución del “progresismo” que encabeza el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, dado que no hay un partido de oposición fuerte que haga el contraste a la administración respecto a este y otros puntos, como lo que tiene que ver con la política de promoción de la minería, megaproyectos de infraestructura vial y los desarrollos hidroeléctricos que tienen en ciernes la sustentabilidad de recursos sensibles como el agua para decenas de poblaciones y ciudades como Medellín y Bucaramanga.
Sin duda en lo corrido del gobierno Santos se ha presentado un mejor clima respecto de las relaciones entre la rama judicial y el poder ejecutivo si se le compara con lo que se presentaba en la administración del ex presidente Uribe, lo que ha facilitado el flujo de los procesos de corrupción contra funcionarios de primer nivel de la también administración anterior, sin embargo, para algunos analistas, la elección del nuevo fiscal Eduardo Montealegre pudiera significar un estancamiento a la velocidad que estos procesos tuvieron durante el ejercicio de la pasada fiscal Viviane Morales.
Ambos elementos, ley de víctimas y tierras y el avance de la justicia en los casos que involucran funcionarios de la administración Uribe, y que son piezas claves si se trata de hacer una valoración en cuanto a la administración Santos se refiere, se colocan de nuevo en el candil igual que las acciones violentas que los grupos ilegales realizan para evitar la aplicación del programa de restitución de tierras.
