La semana que pasa, dos de las principales noticias en Colombia ha sido las huelgas estudiantiles en 32 universidades y la aprobación del TLC con EE.UU. Muchos de los que comentan, en Colombia, el TLC han mencionado la importancia de aumentar las inversiones en infraestructura; carreteras, puertos y aeropuertos, para aumentar la competitividad del país, pero casi nadie ha mencionado la urgencia de mejorar la calidad y cobertura de la educación, no solo como una manera de contrarrestar las desigualdades económicas sino como una estrategia para mejorar la calificación laboral del país respecto del ámbito internacional.
Actualmente, el nivel académico de las universidades, y de los colegios de bachillerato en el país, deja mucho que desear. Según una lista de las mejores universidades Latinoamericanas publicada en el último número de la revista “The Economist”, sólo dos establecimientos de educación superior colombianas están entre las diez primeras: la universidad de los Andes y la universidad nacional.
Ahora bien, el problema ahora es el de competir no solo a nivel latinoamericano sino frente a las universidades e instituciones del primer mundo. Los rectores de las universidades públicas han informado que entre el 30 y el 50% del presupuesto de sus universidades se obtiene mediante autofinanciamiento, por medio de contratos y trabajos de investigación pactados con empresas privadas, y con entidades del estado.
No está mal que las universidades públicas obtengan ingresos externos, pero si es objetable que el estado use esos ingresos como mecanismo para evadir sus obligaciones financieras en el campo de la educación pública con el argumento, de que las universidades del sector oficial pueden autofinanciarse.
El gobierno pretende aumentar el cupo de estudiantes universitarios, en los próximos tres año, en 600 mil puestos. Es una meta importante, sin embargo esto obligaría a aumentar dramáticamente los giros del gobierno a las universidades, para no solo aumentar los cupos sino también la calidad.
El malestar de los estudiantes ante la reforma educativa que el gobierno presentó al congreso la semana pasada, tiene que ver con la percepción de insuficiencia de los compromisos que el gobierno asume frente al tamaño de los desafíos que se existen no solo en la educación universitaria, sino también en la educación media.
Los estudiantes piden el retiro de la proyectada reforma del congreso, y el gobierno invita a los estudiantes a participar en la discusión del proyecto que ya está estructurado, y se ha llegado a un punto muerto, llevando a un distanciamiento de las posiciones de algo que bien pudiese tramitarse de manera concertada. Esto, de ser ciertas las posturas de la ministra de educación, donde manifiesta el interés de tener en el país buenas universidades tanto en cobertura a la vez que mejorar su calidad académica.
