Todos los días se mencionan nuevas cifras y se anuncian nuevas intervenciones en las entidades prestadoras de salud (EPS). Muchas clínicas y hospitales han anunciado recortes en los servicios, por falta de presupuesto y retrasos en las deudas de las EPS para con ellos y se habla de deudas vencidas por un total de 4 billones de pesos. Hasta el momento las únicas decisiones concretas de la superintendencia de salud han sido las intervenciones de Saludcoop y Humana vivir por parte del estado.
Varios hospitales reconocen que se agotaran el total de sus recursos en este mes de septiembre. Las cosas están pasando de castaño a oscuro, y se desconoce la manera como el gobierno Santos enfrentará el problema de la salud que va más allá de hacer sobrevivir por pocas semanas adicionales un sistema que hace agua por todos lados.
El principio de que la prestación de los servicios de salud tiene que ser buen negocio para que el conjunto funcione bien está en tela de juicio porque actualmente ese negocio es, efectivamente, bueno para muchos pero el conjunto no parece funcionar. Con ello se está demostrando que el hecho de que la prestación de salud sea buen negocio no es suficiente para garantizar un buen servicio.
Por otro lado, la corrupción es aparentemente enorme (se ha llegado a afirmas en medios que el 40% de las drogas que se consumen en el país so falsificadas), y no está clara la función que esos intermediarios, las EPS, cumplen entre las clínicas y hospitales y los pacientes aparte de una gestión empresarial regulada por una gran cantidad de normas y estrechas relaciones burocráticas con funcionarios del estado que facilitan toda clase de negociados y relaciones oscuras.
A todas estas, no sabemos qué piensa el gobierno que ha sido ágil para hacer anuncios pero lento para actuar en muchas áreas, por ejemplo no se entiende porque luego de los escándalos en torno al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que involucra a su actual director, este siga en el cargo.
El problema de la salud es de tal dimensión que la superintendencia de industria y comercio impuso multas a 14 EPS acusándolas de haberse organizado como cartel particularmente en la negociación de la prestación de los servicios a los usuarios, lo que confirma un secreto a voces cual era que el oficio de médicos y profesionales de la salud estaba supeditado al ánimo de lucro de las empresas prestadoras de los servicios de salud. La pregunta es cómo, si es que llega a suceder, se exigirá a estas empresas que asuman la responsabilidad sobre estos hechos lo que debe incluir la indemnización o reparación de las innumerables víctimas de este tipo de proceder, las que de seguro en muchos casos pagaron incluso con su propia vida.
