Las dos palabras de este título resumen la atmósfera en la que se desarrolla la actividad cotidiana de los colombianos por estos días. Aún las tragedias de la ola invernal vienen acompañadas de muchas denuncias sobre irregularidades en la administración de las ayudas y sobre políticos que las aprovechan para hacer campaña.
Quizás la proximidad de las elecciones de mitaca le dan espectacularidad a los escándalos de corrupción pero no pasa semana sin que se denuncien nuevos hechos, cual peor, que parecen abrumadores por su tamaño y sus conexiones.
Aún así, estas situaciones no deberían desplazar la atención de temas gravísimos como la violencia que continua su propio curso en campos y ciudades. Por ejemplo, no deja de ser impactante el que se reconozca por el Instituto de Medicina Legal que en 2009 fueran desaparecidas 17 000 personas en el país.
En el nivel regional las cosas no van mejor. Recientemente el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, declaró ante los medios que en 2010 llegaron a la ciudad 30 mil refugiados. En muchos departamentos del país prosiguen los ataques guerrilleros y continúan cayendo civiles en los campos minados.
Las buenas noticias económicas, que hablan de la llegada de inversión extranjera y niveles de crecimiento del PIB entre el 4,5 y 5%, igualmente no deberían ocultar los riesgos que tienen los colombianos a perder su vida o a ver afectada su integridad personal.
Las discusiones de los temas sensibles del país como la existencia o no del conflicto, así como el significado de este en la actualidad, aunque aporta a la discusión y estructuración de la ley de víctimas, no genera un ambiente de reflexión nacional que haga consciente a la sociedad de lo que sucede y permita poner en marcha mecanismos ciertos para colocar coto al ciclo de violencia que se presenta y que tiene como victimas a decenas de familias diariamente.
Reconociendo que hay avances en términos de la actividad del aparato de justicia, hay que decir que Colombia continúa, como en el pasado reciente, con la constante de poner a convivir la violencia y la extrema desigualdad con el desarrollo económico.
