jueves, 4 de noviembre de 2010

Más sobre las víctimas

A las dificultades para empezar a discutir la ley de víctimas en el Congreso se suman las amenazas y asesinatos contra afectados por expropiaciones de tierras que intentan recuperar lo que les pertenece. En los primeros días de entrega de tierras que ya están en poder de la dirección nacional de estupefacientes y del Incoder, los medios de comunicación informaron del asesinato de 42 campesinos desplazados en todo el país, 8 solamente en la región de Urabá.

¿Cómo van las fuerzas de seguridad del estado, que en los años anteriores apoyaron por acción u omisión a los victimarios, a proteger los campesinos que consigan recuperar tierras que los paramilitares y narcotraficantes consideran suyas? Por su parte el destape de la dirección de estupefacientes, confirma un secreto a voces que permitía a los narcos y paramilitares por medio de funcionarios públicos mantener el control sobre sus bienes aún en la eventualidad de ser confiscados. No se ha dicho nada del Incoder sobre el cual se mencionan cosas parecidas.

Realmente el desmantelamiento del estado durante los últimos años ha sido aterrador y la tarea del ministro del interior y del Fiscal es enorme, en el sentido de desmontar el crimen organizado enquistado en los organismos del oficiales, en organizaciones de seguridad como el DAS, o el ejército.

Es vergonzosa la impunidad de los casos de falsos positivos que terminaron con el asesinato de un juez en Bosa, el exilio de otros y la liberación de los acusados por cumplimiento de términos. La violación de niñas en Arauca y el asesinato de niños testigos es también alarmante. Muchos militares parecen creer que pueden hacer lo que les dé la gana sin que ello acarree ninguna consecuencia.

¿Será este ejército capaz de defender a los campesinos amenazados que ahora temen abandonar las ciudades para reinstalarse en sus tierras? ¿Quién le podrá el cascabel al gato? ¿Quién recuperará la legitimidad del Estado?