El 19 de noviembre se produjeron dos noticias que señalan claramente lo difícil que resulta administrar justicia en Colombia. La primera fue la liberación, por parte de Rusia, de Yair Klein el entrenador israelí que adiestró, en el magdalena medio, a los líderes paramilitares que se convirtieron en los asesinos más crueles de la historia reciente del país.
Klein, aducía que había llegado al país por invitación de líderes políticos y militares. Precisamente habría sido importante saber, a pesar de todos los años transcurridos desde entonces, quiénes invitaron y recibieron. Porque, que sepamos, escondieron la cara y continuaron disputando el poder después de la muerte y la detención de los principales líderes paramilitares.
La efectividad de ese encubrimiento se la debemos, en parte, al tribunal de Estrasburgo que estimó que Klein no contaba con garantías suficientes para un juicio justo en Colombia. Pero es que ya él había sido condenado a 10 años por el tribunal superior de Manizales.
La segunda noticia negativa de ese día fue la concesión de asilo territorial, por parte de Panamá, a María del Pilar Hurtado que estaba a punto de ser llamada a juicio, como exdirectora del DAS, por la Corte Suprema de Justicia acusada de las chuzadas y los seguimientos a los miembros de la corte, a los principales políticos de la oposición y a muchos periodistas y políticos que en algunos casos no eran ni de oposición. En este caso el principal protegido por la ausencia de la señora Hurtado es el expresidente Uribe en cuyo gobierno se inventó un delito de “cohecho con un solo participante”: la doctora Yidis Medina que recibió favores por apoyar la primera reelección.
En este caso de la señora Hurtado se trataba de averiguar quién había dado las órdenes para los seguimientos que, según el anterior gobierno, habían sido hecho por funcionarios del DAS por su propia cuenta y riesgo.
El riesgo de seguridad personal que respaldo la petición de asilo, la señora Hurtado estaba bajo protección en Colombia, proviene probablemente de las personas que saldrían perjudicados ante la justicia y la concesión del asilo protege otra vez a los victimarios y deja a las víctimas sin verdad, sin justicia y seguramente con la reparación por cuenta del Estado que somos todos los colombianos.
¿Cuándo terminará la impunidad de quienes se presentan como defensores de la democracia y de las libertados pero en la práctica ejercen el poder sin escrúpulos y sin límites.
