En la última semana de septiembre el presidente Santos presentó, personalmente, al Congreso de la República, el proyecto de ley de víctimas que establece indemnizaciones económicas, así como también el derecho a la verdad, a favor de todas las víctimas del conflicto de los últimos años.
Al día siguiente de la presentación del proyecto de ley el ex presidente Uribe, de regreso de los Estados Unidos, anunció su oposición a gran parte de la ley de víctimas y su disposición para movilizar sus amigos en el Congreso con el fin de organizar la oposición al proyecto de ley en su forma actual. Uribe siempre se opuso a las indemnizaciones a víctimas de organismos del estado antes de que se produzcan las condenas, por parte de los jueces, contra esos organismos.
El problema es que, en muchos casos, esas condenas nunca ocurrirán entre otras cosas por las amenazas y asesinatos de jueces encargados de investigar casos como el de los falsos positivos por los cuales los principales acusados fueron liberados por vencimiento de términos. Hay que recordar que cuando se presentaron las primeras denuncias de los falsos positivos la primera reacción del entonces presidente Uribe fue la de buscar la manera de que con fondos del Estado se paguen abogados para defender policías y soldados acusados. ¿Porqué no pagar entonces también, con fondos oficiales, los abogados que defiendan los derechos de las víctimas que en gran parte son personas sin recursos económicos que además reciben amenazas cuando se interesan por la suerte de sus seres queridos?
El ex presidente Uribe siempre mostró más preocupación por los victimarios que por las víctimas. Resulta fácil imaginar cuál será su posición frente al proyecto de restitución de tierras a las víctimas de expropiaciones paramilitares. Algunos asesores del ex presidente Uribe, como el tristemente célebre José Obdulio Gaviria, llegaron a cuestionar la afirmación de ONG´s y la Oficina de la ONU para los refugiados de la existencia en el país de 4 millones de desplazados y que lo que se presenta es una emigración interna por razones económicas.
De esta forma, la indiferencia de Uribe y sus asesores ante las víctimas y su solidaridad con los victimarios y con los sectores más ricos sin importar su origen amenazan con abrir un frente de oposición al acuerdo de unidad nacional que aún no ha cumplido dos meses de funcionamiento.
Los peligros que asedian la labor del presidente Santos, casi antes de que empiece a plasmarse el proyecto de ley, no están del lado de la izquierda que en su versión violenta ha sido descabezada con la muerte del “mono jojoy”. El sector adversante ahora se localiza en la orilla de la derecha que tiene poder y agallas.
En la misma semana del regreso de Uribe, Santos habló contra la casta de los intelectuales estadounidenses que se oponen a la invitación de la Georgetown University al ex presidente uribe para dictar conferencias allí. A los firmantes de la casta Santos los llamó “seudointelectuales” y entre ellos se incluye nada menos que Noam Chomsky. Uribe, por su parte expresó públicamente su apoyo a Santos mientras algunos de sus amigos hablaban de uribistas de primera o de segunda categoría. El rompimiento entre Santos y Uribe no ha ocurrido pero existen suficientes elementos de tensión como para esperarlo o para que Santos sea obligado a rectificarse. Ojalá no ocurra lo último.
