La ley de tierras

Con el acuerdo del Chicoral, durante el gobierno de Misael Pastrana, los dos partidos tradicionales decidieron liquidar el plan para hacer una reforma agraria en el país que había empezado a discutirse durante la Alianza para el Progreso durante el gobierno de Alberto Lleras.
Desde finales de los setentas se empezó a sentir el fenómeno del narcotráfico y se evidenció la inclinación de los mafiosos por invertir en compra de tierra. Desde entonces ha subido el precio de manera loca y ha aumentado la concentración de la tierra en pocas manos.

En los años noventa, bajo la presidencia de Ernesto Samper, se aprobó la ley de extinción de dominio contra los narcotraficantes y en esa época se sostenía que serían afectadas unas cinco millones de hectáreas. Las expectativas no se cumplieron y, en los últimos quince años, la expropiación de tierras ha sido insignificante al tiempo que se consolidaba la ocupación ilegal de tierras de campesinos desplazados por el conflicto, por parte de los paramilitares.

Durante la última campaña electoral el tema de la tierra no estuvo en la agenda del candidato ganador sino que era una de las banderas Gustavo Petro pero después de las elecciones, cuando se discutía la propuesta de “unidad nacional” se adoptó la propuesta de la devolución de tierras a los campesino expropiados por los paramilitares y en estos días se radicó en el Congreso por parte del gobierno una ley con la cual el Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo ha declarado que se espera devolver a los campesinos dos millones de hectáreas en los próximos cuatro años.

En algunas zonas como Córdoba y Urabá han sido asesinados o atacados los líderes que defienden los intereses de los campesinos expropiados. Es posible que la ley de tierras tropiece en su aplicación, con graves problemas de orden público y, por el momento, resulta evidente que el paso de la ley por el Congreso puede complicarse con dilaciones y modificaciones que entorpezcan su aplicación. Al fin de cuentas los afectados por la puesta en marcha de la ley tienen poder económico y político y han sido capaces de pasar por alto las leyes o de encontrar atajo cuando les conviene.

No hay que ser demasiado optimista sobre la ley de tierras, pero en este caso el gobierno de Santos merece el apoyo ciudadano y resulta interesante comprobar si esta ley relativamente moderada se aprueba y aplica por parte de instituciones oficiales desacreditadas por fracasos anteriores.