La resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU que aprobó la zona de exclusión área de Libia hablaba de una intervención militar acorde con la “defensa de la población civil” de este país pero no del requerimiento del derrocamiento de Gadafi. A su vez, la resolución 1970, que está articulada a la anterior, determinó un embargo de armas a las partes involucradas.
Los bombardeos de la coalición sobre los puestos de mando del ejército de Gadafi, sobre los aviones, las defensas antiaéreas y las unidades de tierra que combaten al ejército rebelde ya han generado reacciones de países como China y Rusia haciendo referencia a que las acciones exceden las atribuciones legales enmarcadas en la resolución de la ONU.
Las cosas se complican aún más con la voluntad expresada por el presidente Obama de autorizar operaciones “encubiertas” para asesorar y entregar armas al ejército rebelde, así como sobre la organización y dirección de la guerra.
Estamos pues ante una intervención deliberada de la coalición en una guerra civil y que coloca en cuestión el derecho internacional.
Por su parte, los llamados anteriores a los bombardeos, para que Gadafi fuera acusado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra parecían razonables. Pero ¿Cómo podrían los Estados Unidos, que no reconocen la jurisdicción de la CPI en su territorio, pedir que esa corte juzgara a Gadafí?
Lo lógico sería que la CPI juzgara los delitos contra la humanidad no solo en Libia sino en todo el mundo, lo que incluye a los EEUU. Los abusos cometidos por George Bush aparentemente van a quedar en la impunidad mientras los del coronel Gadafi sirven como razón para extender y afianzar el control del imperio sobre un pequeño país productor de petróleo a orillas del Mediterráneo.
En América Latina, la época de los golpes militares apoyados por EEUU para derrocar gobiernos democráticos, como el caso de Chile, y de invasiones militares norteamericanas, contra países con gobiernos críticos de los EEUU o acusados de apoyar al narcotráfico como Granada y Panamá, ahora toma un nuevo carácter, aunque con fines semejantes a los de antaño, como lo que sucede con Honduras.
En la retina quedan las intervenciones actuales en el mundo árabe y en los países islámicos del occidente de Asia. Las guerras de ocupación de Iraq y Afganistán están produciendo cientos de miles de muertos y gastos enormes. En el caso de Iraq, el ataque de los EEUU no fue autorizado por la ONU y estuvo acompañado de una campaña de mentiras, aceptadas después de la invasión, que no impidieron que muchas grandes empresas privadas se enriquecieran con grandes contratos de reconstrucción y de explotación petrolera.
Parece utópico esperar que los países occidentales ricos acepten autolimitarse y respetar el derecho internacional, pero es evidente que las transgresiones de los poderosos autorizan, implícitamente, las transgresiones de los demás y plantan la semilla de una anarquía en las relaciones internacionales precisamente ahora que se perciben los límites de Estados Unidos para intervenir militarmente de manera simultánea en todo el mundo.
Por eso es oportuno hacer un llamado para que se respeten las normas del derecho internacional y se prepare, así, el camino para una transición pacífica del mundo unipolar al multipolar que ya se ve venir en el campo económico pero que se tardará en los aspectos militar y político.
